Dos piezas sobre hipocresía y el Derecho a Decidir: “1924 – 1939 – 1996” y “Mientras, ellos siguen libres”

por Ivelin Buenrostro

*Obras de Daniela Ortiz de Zevallos y Regina José Galindo

 

La facilidad con que se protege a un cigoto es la misma con la que se viola y mata a mujeres. La ferviente manera con que se dan argumentos para defender a esa vida –“inocente”, “con derechos”, “que merece vivir”- que se empieza a desarrollar, se desmoronan cuando ese producto nace y, sobretodo, si nace como mujer.

            La moral hipócrita que permea la sociedad, afecta en mayor medida a las personas que son consideradas “menos” desde una escala de valores que está de más repetir, y que se vuelve a agudizar una y otra vez cuando esa persona se puede nombrar en femenino: por omisión se le niegan derechos de protección y decisión sobre sí misma.

            ¿Porqué la exigencia de una posibilidad de vida se acaba en circunstancias en donde la madre tiene características “no deseadas”? ¿Porqué el aborto provocado por “fuerzas del orden” no es penado ni criticado como el ejercido por una mujer consecuente con sus necesidades y decisiones? ¿Porqué la decision de vida/muerte necesariamente es una imposición desde el Estado y los organismos paraestatales sobre una lógica de dominación en corporalidades no deseadas?

            Pongo aquí dos piezas importantes sobre el derecho a decidir, que nos confrontan con esta barbarie al retomar los archivos y testimonios de mujeres que, de distintas maneras, han sido víctimas de estas determinaciones. 

19241939 – 1996/ Daniela Ortiz de Zevallos

Al interior de un fanzine y a doble plana, se ve la fotografía en perfil y desnuda de Lina Medina Vázques, pequeña niña embarazada. En la misma hoja, se sugiere acudir al sitio web www.1924-1939-1996.tumblr.com. Ya al interior de la página, un menú con tres fechas nos invitan a recorrerla: 1924, año en que se legaliza el aborto terapéutico (permitido cuando la vida y salud de la madre está en peligro) en Perú, y cuya ley se encuentra vigente; 1939 año en que nace el hijo de Lina Medina, cuando ella tenía 5 años de edad y 1996, “año en el cual se realizan esterilizaciones forzadas a miles de mujeres indígenas bajo el gobierno de Alberto Fujimori”[1].

     La brevedad y contundencia de la pieza muestra con precision cómo de forma sistemática se imponen decisiones en donde la palabra de las mujeres es acallada y sus derechos como personas, anulados: la fórmula religiosa de control devino la virtud clínica dadora y negadora de vida a modo, en una niña que –“milagrosamente”- ha sido capaz de dar vida a los 5 años, y en una indígena esterilizada contra su voluntad.

     Las fechas se vuelven importantes porque reiteran la falta de derechos en que las mujeres se mueven cotidianamente. La última, dolorosamente cercana (1996) y en donde vemos a la indígena Juana Rosa Ochoa Gira, horas antes de morir, recuerda los años en que se aplicó la política de salud pública de “control de natalidad” y método “para erradicar la pobreza” de Fujimori, en la que fueron esterilizadas más de 300 mil mujeres[2], especialmente indígenas, cuyo móvil original ha sido señalado por personas como Giulia Tamayo, la principal abogada que visibilizó este caso de esterilización forzada:

“Las zonas más afectadas por este programa eran puntos calientes dentro del conflicto armado. Allí se establecían cuotas para reducir la natalidad y los médicos debían cumplirlas. No fueron médicos fanáticos los que practicaron las esterilizaciones sino que cumplían un plan masivo que supervisaba directamente Fujimori. Los médicos debían cumplir metas y tenían incentivos.” Otras regiones afectadas, según la abogada, fueron zonas con intereses económicos asociados a la extracción de madera y petróleo”[3].

Aún cuando la esterilización forzada fue declarada crimen de guerra en el proceso de Núremberg entre 1945 y 1946, cuyo primer estatuto dice que cualquier procedimiento médico debe tener el consentimiento voluntario de la persona, las mujeres en este contexto fueron condicionadas a recibir –o no- asistencia médica y apoyos económicos y en especie (como alimentos básicos), para lograr su aceptación; otras, fueron directamente secuestradas y operadas.

“Tenía 30 años cuando me hicieron la operación y desde entonces soy casi inútil en el campo”, asegura Cléofl Neira, de 50 años, desde la puerta de su casa de adobe. En Yanguila, un pueblo de unos cien habitantes cerca de la ciudad de Huancabamba, en el norte del Perú, más de 15 mujeres sufrieron la misma operación de ligadura de trompas. La mayoría de estas campesinas se quedaron inválidas y con problemas dolorosos de salud.

(…)

“No quería someterme a esta operación, pero no sabía que ya no podría nunca más tener hijos, no me lo dijeron. Ellos venían con promesas de comida, de medicamentos pero no vimos nada, sólo los dolores”, explica Cléofl, madre de siete hijos que tuvo antes de la operación. “[4].

            Las consecuencias de estas operaciones no han sido solamente la incapacidad de procrear, sino las secuelas permanentes: fisiológicas (invalidez y dolores por las malas operaciones, hechas además con anestesia veterinaria para abaratar costos); psicológicas (muchas mujeres presentaron cuadros depresivos severos, algunas incluso han intentado suicidarse), sociales (la esterilización produjo el rechazo por parte de muchas parejas, en algunos casos se generó un aislamiento de la comunidad), e incluso, la muerte (por lo menos 18 mujeres murieron a causa de la intervención quirúrgica).

     Fujimori fue indultado en 2010, pero en mayo del 2015, gracias a diversos grupos de derechos humanos, se reabrió la investigación penal en su contra. El gobierno de Ollanta Humala, presidente actual de Perú, anunció hace unos días la creación de un registro de víctimas, que fue una de sus promesas de campaña en 2011. No obstante, algunas activistas lo ven con poca esperanza pues ese anuncio se da a simples 5 meses de realizarse las próximas elecciones, en ese país, lo que da poca certeza de que las mujeres obtengan una disculpa pública por parte del gobierno, su caso se reconozca como crimen de lesa humanidad y se les dé atención integral juridica y en salud. Además, la denuncia de las mujeres es poca, por el temor de ser estigmatizadas de nuevo.

lina
En 1939, mientras la ley que prohibe el aborto continuaba vigente, Lina Medina dio a luz a un niño mediante una cesárea realizada por los cirujanos Dr. Gerardo Lozada, Dr. Rolando Colareta y Dr. Bussalleu. La comunidad de médicos vio como un reto lograr llevar el embarazo de la niña hasta el parto. Lina tenía 5 años de edad. (Texto de pie de foto de la obra).

 

Mientras, ellos siguen libres/Regina José Galindo

(Edificio de Correos. Guatemala. 2007)

Las manos de Regina atadas a una cama. Fotografía de David Pérez, tomada del sitio web de la artista.
Las manos de Regina atadas a una cama. Fotografía de David Pérez, tomada del sitio web de la artista.

Amarrada a una cama, Regina José Galindo yace con las piernas abiertas, completamente desnuda. Su vientre prominente de ocho meses de embarazo nos confronta con una realidad vivida a mediados de los 80 en regiones mayas de Guatemala:

Me ataron y me vendaron los ojos, tenía tres meses de embarazo, pusieron sus pies sobre mi cuerpo para inmovilizarme. Me encerraron en un pequeño cuarto sin ventanas. Les escuchaba decir malas palabras de mí. De repente vinieron al cuarto, me golpearon y me violaron. Empecé a sangrar mucho, en ese momento perdí a mi bebé.

– C 18311. Abril, 1992. Mazatenango, Suchitepequez. Guatemala: Memoria del Silencio.

Fui violada consecutivamente, aproximadamente unas 15 veces, tanto por los soldados como por los hombres que vestían de civil. Tenía siete meses de embarazo, a los pocos días aborté

  • C 16246. Marzo, 1982. Chinique, Quiché. Guatemala: Memoria del Silencio[5].

Los testimonios anteriores dan muestra de la política genocida que ejerció el gobierno guatemalteco hacia la comunidad maya en el contexto de la Guerra Civil y que era justificada al asumir que los indígenas eran “aliados naturales de las guerrillas”, impulsada además por el racismo y el “anti-comunismo” exacerbado.

     Pero, sobre todo, ejemplifica lo que Rita Laura Segatto se refiere con la “pedagogía de la crueldad” que se vive en los conflictos armados más recientes, sobre todo en latinoamérica y en donde la violencia se ejerce de forma gratuita y sin remordimiento sobre cuerpos que funjen como víctimas sacrificiales de la guerra: “La destrucción del enemigo en el cuerpo de la mujer y el cuerpo femenino o feminizado (…) es el propio campo de batalla”, al cual se le destroza física y moralmente por parte de las fuerzas militares, paramilitares o paraestatales sin sentir ningún remordimiento ni vulnerabilidad, en donde el sufrimiento “es el modo de vida”, y en donde la violación se vuelve el sinónimo de la devastación física y moral de un organismo-pueblo y la violación es un “instrumento de limpieza étnica de bajo costo.[6]

     Ver a Regina tumbada, piernas abiertas con sus ocho meses de embarazo nos recuerda que la violencia contra las mujeres está, segundo a segundo, latente de ejercerse sobre ese o cualquier cuerpo que se considere desechable, penetrable, por tanto asesinable, pero a quien se le señala, contradictoriamente, como “dador de vida sin condición” (Regina se encuentra atada con cordones umbilicales).

     Ver a Lina, pequeña de 5 años, embarazada y habiendo “dado a luz”, nos recuerda la concepción divina que pesa sobre el cuerpo de las mujeres, quienes “se embarazan” como por “obra y gracia del espíritu santo” (nunca se encontró un culpable del embarazo de Lina, quizás tal vez porque no se le buscó demasiado) asumiendo toda la carga que puede representar el peso de poder concebir y la poca importancia que al final tiene ese cuerpo-recipiente (Lina educó a su hijo y todavía hace algunos años se buscaba la atribución de una pension económica, como prórroga de una justicia que nunca conoció).

   Ver a Juana Rosa, antes de ser asesinada por negligencia médica, recuerda que la eficacia de la anticoncepción –y el aborto- no se manifiesta en formatos de educación sexual preventiva o en la decisión de las mujeres de acuerdo a sus necesidades, sino a políticas racistas y clasistas que no se detienen en violar de la formas más crueles el derecho a decidir apoyadas por organismos que debieran velar por el respeto a los derechos humanos, como la Organización de las Naciones Unidas.

   ¿Cuántas Juana Rosas, Linas, Cléofl, caso 18311 y 16246 estamos olvidando, estamos negando y cuántas más pasarán por las mismas injusticias? ¿Cuántas niñas más serán violadas y asesinadas o serán obligadas a parir en nombre de la vida y en detrimento de la propia? ¿A cuántas mujeres más se les encarcelará por abortar, perder a su bebé, querer tener más hijos, decidir? ¿Cuántas mujeres más -embarazadas y no- serán violadas por militares y policías y tendrán un aborto en consecuencia, o serán obligadas a parir los hijos de estas bestias?

     Recordemos el caso de Adriana Manzanares, que en Guerrero fue encarcelada durante siete años (fue liberada en 2014) por tener un aborto espontáneo y en quien el peso de la ley descargó toda su furia por no saber hablar español y a quien la sociedad estigmatizó por, supuestamente haber sido infiel. Nos sobran nombres de mujeres que “se embarazan”, “abortan”, “provocan”, “son infieles”. Nos faltan todos los nombres de hombres –y de instituciones- que violaron, ultrajaron, asesinaron, acosaron y que lo seguirán haciendo.

Ligas para ver las piezas:

http://www.reginajosegalindo.com/trbj/0701.html 

www.1924-1939-1996.tumblr.com.

[1] “Arte” en Archivo PNSRPF (archivo e investigación crítica acerca del “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar”). Disponible en: https://1996pnsrpf2000.wordpress.com/arte/

[2] Laura Puertas. “Fujimori ordenó la esterilización forzosa de 200.000 mujeres indígenas en Perú “ en El país. 25 de junio, 2002. Denuncia basada en un informe realizado por una comisión del entonces ministerio de Sanidad, la esterilización también incluyó mujeres de zonas pobres y agrícolas. Posteriormente se habló de más de 300 mil mujeres esterilizadas, por la investigación de una Comisión Especial: Melisa Silva, “Perú archiva el caso de la esterilización ‘forzada’ de más de 300.000 mujeres”, en La Vanguardia, 29 de enero, 2014. También fueron esterilizados más de 25 mil hombres.

[3] Anna Viñas, “Esterilizadas a la fuerza” en El Mundo, 22 octubre 2011. Para su consulta en: http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2011/10/22/esterilizadas-a-la-fuerza.html

[4] “Perú. Esterilizadas a cambio de arroz” en LIWEN ÑI MAPU & ASOC. COLECTIVO RED DE NOTICIAS E INFORMACIÓN SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y DERECHOS HUMANOS. 21 de abril, 2011. Disponible en: https://liwenmapu.wordpress.com/2011/04/21/peru-esterilizadas-a-cambio-de-arroz/

[5] Texto que acompaña las fotografías de la acción. Disponible en la página de la artista: http://www.reginajosegalindo.com/trbj/0701.html Memoria del Silencio, el lugar de donde se extraen estos testimonios, es un informe creado por la Comisión del Esclarecimiento Histórico para determinar la violencia ejercida en Guatemala durante las tres décadas de enfrentamientos armados que, además, tuvo como principal víctima de violencia por parte del Estado, al pueblo maya. Una versión del informe es descargable en: http://www.gt.undp.org/content/dam/guatemala/docs/publications/UNDP_gt_PrevyRecu_MemoriadelSilencio.pdf

[6] Rita Laura Segato, Las nuevas formas de la violencia y el cuerpo de las mujeres, Puebla: Pez en el árbol, 2014. 58-60, 27.

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